El gobierno de Colombia desplegó un Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), con el que se dan subvenciones a agricultores para evitar que pongan en riesgo la sostenibilidad de bosques y entornos naturales.
Todavía no hay evidencias sobre si este tipo de estrategias son eficaces, porque no se evalúan con rigurosidad el impacto de los programas. Hay un estudio en Uganda, de Jayachandran et al., en el que se registró una reducción significativa en la deforestación en la zona de aldeas alrededor de los participantes, pero es necesario analizar otras zonas sin intervención para medir la eficacia.
Hay un problema añadido y es que no se han enfocado este tipo de programas en áreas con altos riesgos de deforestación, por lo que los resultados de los pocos estudios se diluyen todavía más. Otro problema importante es que las personas ya orientadas hacia la conservación son las que más participan en estos proyectos así que no abarcan el conjunto de la sociedad en cada zona.
El dar subvenciones a los agricultores de la zona en concreto puede provocar un efecto llamada y el desplazamiento de personas para cobrar las ayudas, lo que pone en riesgo que se hagan inversiones en producción agrícola sostenible que respete los bosques.
